El Congreso comenzó a tratar el proyecto de presupuesto que el Gobierno envió para el próximo año, en una sesión que concentró las posiciones de los principales bloques en torno a las partidas más sensibles. El oficialismo defendió las proyecciones de crecimiento y la meta de déficit, mientras la oposición cuestionó los supuestos macroeconómicos y reclamó más fondos para educación, salud y obra pública. El debate dejó en evidencia que el número final dependerá de las negociaciones con los gobernadores y de los acuerdos que se alcancen en comisión durante las próximas semanas.

El mercado reaccionó con cautela a las medidas económicas presentadas durante la jornada, en un clima de incertidumbre sobre el rumbo cambiario. El dólar volvió a moverse y las cotizaciones financieras marcaron la tensión entre las expectativas de los inversores y las señales que intenta dar el equipo económico. Desde el Gobierno buscaron transmitir tranquilidad y ratificaron el esquema vigente, aunque analistas advirtieron que la calma dependerá de la acumulación de reservas y de la evolución de la inflación en los próximos meses.

Varios gobernadores reclamaron una revisión del esquema de distribución de fondos y pidieron que la Nación gire los recursos que, según sostienen, les corresponden por coparticipación. El planteo reavivó la discusión histórica sobre el reparto entre el Estado nacional y las provincias. El reclamo cruzó las líneas partidarias y sumó a mandatarios de distinto signo político, que coincidieron en la necesidad de previsibilidad para sostener sus cuentas. El Gobierno, por su parte, condicionó cualquier revisión al cumplimiento de las metas fiscales acordadas.

Sindicatos y cámaras empresarias expusieron visiones opuestas sobre la reforma laboral que se discute, en una jornada que dejó al descubierto la distancia entre las partes. Los gremios advirtieron sobre una posible pérdida de derechos, mientras el sector empleador reclamó reglas más flexibles para fomentar la contratación formal. El Gobierno intentó posicionarse como mediador y planteó que el objetivo es reducir la informalidad, aunque reconoció que aún no hay consenso sobre los puntos centrales del proyecto.

Un nuevo relevamiento mostró una sociedad dividida frente al rumbo económico, con niveles de aprobación y rechazo muy parejos. El estudio reflejó que la evaluación de las medidas está fuertemente atravesada por la situación personal de cada encuestado y por sus expectativas a futuro. Los analistas coincidieron en que el dato clave no es la foto actual sino la tendencia: si mejora el poder adquisitivo, el clima social podría acompañar; si la inflación persiste, el malestar tiene margen para crecer.